José Antonio Pérez García (UPV) y
Juan Hernández Armenteros (UJA), economistas y expertos en financiación universitaria.
El profesor Ernest Lluch insistía en sus magistrales clases de
historia del pensamiento económico, que más de la mitad de la resolución
correcta de un problema consistía en formular la cuestión a resolver
con rigor metodológico y datos ciertos. Tras escuchar al señor Wert,
nuestro ministro de Educación Cultura y Deporte, en la rueda prensa
posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes 13 de abril, nos ha
surgido una seria preocupación respecto a cuál es la naturaleza del
examen al que se somete a la comisión de expertos creada para hacer
propuestas sobre la gobernanza, el proceso de selección y acreditación
del profesorado y los estudiantes, y la economía y las finanzas de las
universidades.
Nada que objetar -todo lo contrario- a contar con el asesoramiento de
una comisión de expertos, cuya composición nos merece además la mayor
de las consideraciones y respeto, personas todas ellas cualificadísimas y
que seguramente conseguirán pasar la prueba con matrícula de honor,
aunque el planteamiento del problema a resolver que les ha formulado el
señor ministro está plagado de datos erróneos y juicios de intención
sobre el actual funcionamiento de la universidad española, que
justifican la reforma de la actual gobernanza universitaria.
El señor ministro Wert no ha dejado de preguntarse desde su toma de
posesión por qué no hay ninguna universidad española entre las 100
primeras de los rankings internacionales. Hay que explicarle que los citados rankings
se refieren casi exclusivamente a la actividad investigadora, y que de
esos primeros 100 puestos, 99 están ocupados por universidades que
operan en países con un sector científico-tecnológico (I+D+i) que supera
en todos los casos el 2,3% del PIB (llegando a superar el 3% en el caso
de USA), mientras que en España el sector I+D+i está en el 1,3% y
bajando. ¿Habrá quizás alguna relación de causalidad en esta
circunstancia? La única universidad fuera de esa norma es la Universidad
de Moscú.
El señor ministro Wert insiste en que la universidad española tiene
un 30% de abandono en la enseñanza superior, no es correcto. Existe ese
porcentaje de abandono de las titulaciones (en un 70% de los casos para
cambiar a otras titulaciones), no de los estudios universitarios, en los
que la tasa de abandono es inferior al 12%. Como ya explicamos en su
día (El País, 8 de
junio 2011) el cálculo del profesor Dolado, que es el que ha puesto
números a ese “despilfarro” de 3.000 millones en el sistema
universitario español , es erróneo y carece de objetividad.
El señor ministro Wert presenta como una demostración del fracaso de
la universidad, que existe un 21% de desempleo entre los universitarios
de 25 a 29 años, lo que es desde luego una realidad drámatica, pero un
60% menos drámatica que la del paro juvenil total superior al 50%. Como
lo es que la tasa de desempleo de los titulados universitarios sea del
12%, frente al 24% del conjunto del mercado laboral.
El señor ministro Wert entiende, y comprobamos que es una moda
extendida en las dos “capitales”, que despide un fuerte aroma
centralista (sí, también existe el centralismo catalán), que en España
se han creado demasiadas universidades, en demasiados territorios. Desde
luego el Estado de California no tiene 10 universidades como afirmó
rotundamente el señor ministro en la rueda de prensa, sino exactamente
146, es decir casi el doble que en España. Pues bien por aclarar la
cuestión, y por citar sólo a los dos países con más universidades en los
100 primeros puestos de los rankings internacionales: en Estados Unidos
hay 309 millones de habitantes y 3.277 universidades, es decir una
universidad por cada 94.000 habitantes; en el Reino Unido hay 61
millones de habitantes y 241 universidades, es decir una universidad por
cada 253.000 habitantes. En España somos 47 millones de habitantes y
tenemos 79 universidades, es decir, una universidad por cada 582.000
habitantes. ¿Cuál es el problema?¿Donde está la sobredimensión del
número de nuestras universidades? Al contrario, lo que seguramente
tenemos es un problema de excesivo tamaño y falta de especialización de
nuestras instituciones, que deben consolidarse y especializarse,
mejorando -precisamente con ello- su gobernanza y su capacidad de
excelencia. ¿A ver cuántas universidades de más de 20.000 alumnos
(tamaño medio español) encuentran entre las 100 primeras de los rankings
mundiales?
Los datos de la OCDE en Educatión at a glance 2011, sobre
rendimiento académico en los estudiantes de educación superior, revelan
que un 79% de los universitarios españoles obtiene su diploma en la
“edad típica” de obtenerlos, frente a un 70% de la OCDE.
Y si hablamos de esfuerzo en gasto público, tendremos que reconocer
-al menos- que las universidades públicas proveen de estudios superiores
a sus alumnos a un coste total significativamente inferior (como mínimo
un 25% de media) que el que exigen las universidades privadas a sus
estudiantes. ¿No debemos considerar este detalle si hablamos de
eficiencia?
Para terminar con los datos, debemos señalar que aunque efectivamente
el esfuerzo en becas ha mejorado en los últimos años, seguimos
dedicando a ese capítulo la tercera parte que la media de los países de
la OCDE.
No, señor ministro Wert. No le han facilitado los datos adecuadamente
y -en consecuencia- no dispone usted de un diagnóstico certero de los
problemas del sistema universitarios español. Es cierto que hay
problemas de baja demanda en muchos títulos (muy acusado en los
Masters), de inactividad de una parte de la capacidad científica
disponible y, sobre todo, de traslación al tejido productivo de valor
añadido para innovar y competir mejor. Pero mal haremos si denostamos, y
menos el ministro de Educación de España, lo que funciona más que
aceptablemente como la docencia universitaria y la productividad
científica. Ambas resisten sin esfuerzo una comparación internacional,
invirtiendo en ello un 20% menos de recursos anuales que en la media de
la OCDE (1,2 % del PIB, respecto a 1,5% del PIB).
El balance general no es catastrófico como se pretende, ni mucho
menos, aunque hay áreas de la actividad universitaria que pueden y deben
ser mejoradas. Y efectivamente, la universidad española es un puntal de
nuestro futuro y merece una atención reformista de primer orden y la
atención prioritaria de la política gubernamental. Los objetivos de ese
impulso no pueden ser otros que ampliar la excelencia académica y
científica y mejorar mucho el rendimiento social del gasto universitario
(público y privado).
Seguramente estamos de acuerdo en que reformar la gobernanza de las
universidades (públicas suponemos) ayudaría a ello. Aunque no es un caso
único, reconozcamos que hay otras muchas gobernanzas manifiestamente
mejorables ¿la de la Unión Europea?, ¿la del sistema financiero? , y un
largo etc. con efectos mucho más letales y que requerirían una acción
más decidida. Pero si estamos decididos a ello, y parece que lo estamos
desde el primer día de la toma de posesión del señor ministro, hay que
ser capaces de reconocer que es un tema complejo, delicado, en el que no
es fácil acertar, y en el que es posible incluso empeorar.
Puestos de acuerdo en que conviene cambiar el sistema de gobernanza,
aspecto que junto con otros son considerados estratégicos en el
Documento de la Comisión Mixta de Financiación (26/04/2010), es preciso
hacer diana en la elección, y para ello parece lógico imitar a los
mejores: mucha autonomía académica, mucha cualificación profesional en
los máximos responsables, fuertes capacidades de auto-organización,
empezando por la selección de estudiantes, profesores, investigadores y
gestores, con un marco laboral a la vez flexible y estable, y la libre
fijación de precios y salarios; y siguiendo: más flexibilidad, menos
regulación, menos intervencionismo administrativo, menos obligaciones
burocráticas y más evaluación externa rigurosa y objetiva., cero de
intervención política, menos subvenciones, pero mucha más financiación
pública y privada por resultados.
José Antonio Pérez García (UPV) y Juan Hernández Armenteros (UJA) son economistas y expertos en financiación universitaria.
